El Departamento de Justicia de EE. UU. ha emitido citaciones del gran jurado tanto a X como a Reddit, exigiendo la información personal —incluidos nombres, direcciones y datos bancarios— de al menos dos usuarios anónimos que publicaron contenidos críticos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según informó Bloomberg el 28 de mayo, basándose en documentos legales compartidos por los abogados de dichos usuarios. Las citaciones fueron emitidas por la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, encabezada por Jeanine Pirro, aliada cercana de Trump. Ambas plataformas notificaron a los usuarios afectados y les dieron un breve plazo para impugnar las exigencias ante los tribunales antes de verse obligadas a cumplirlas. Los abogados de ambos usuarios sostienen que sus publicaciones constituyen discurso político protegido: el usuario de Reddit criticó duramente al ICE, mientras que el de X hizo un comentario sarcástico sobre el agente del ICE que disparó a Renee Good en Mineápolis el 7 de enero; su abogado, Joshua Koltun, describió dicho comentario como algo que «no contiene ni rastro ni indicio de que se pretendiera incitar a la violencia». En ambos casos, el DHS emitió inicialmente citaciones administrativas que luego fueron retiradas, tras lo cual el DOJ intervino mediante citaciones del gran jurado, herramienta que conlleva el peso formal de una investigación penal.
Esta medida representa una escalada significativa en los esfuerzos de la administración Trump por desenmascarar a quienes critican en línea su política migratoria; todo comenzó a principios de 2025 con la persecución de aplicaciones como ICEBlock —una app que rastreaba los movimientos de vehículos del ICE y que fue eliminada de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en octubre de 2025 bajo presión oficial— para posteriormente dirigirse contra usuarios individuales de redes sociales. El uso de citaciones del gran jurado en lugar de citaciones administrativas obliga a presentar la investigación como un asunto penal y traslada el caso de la revisión administrativa a los procedimientos judiciales federales, elevando considerablemente los riesgos legales. Los abogados defensores de libertades civiles argumentan que este enfoque gubernamental invierte la doctrina de la Primera Enmienda, según la cual la crítica política hacia una agencia estatal ocupa el nivel más alto de discurso protegido y solo admite exigencias de identificación en circunstancias muy específicas que, casi con total certeza, no concurren en estos casos. El DOJ no emitió comentarios; el DHS negó cualquier intención de reprimir la libertad de expresión.